El Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de
agosto, para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico
social, contiene un nuevo grupo de medidas de ámbito laboral y de la
Seguridad Social, y otras referentes a la estructura económica del Estado.
Dentro del
primer grupo se encuentra una nueva medida que afecta a los trabajadores a tiempo
parcial y que trata de adaptar su regulación a lo dispuesto en una
sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de marzo que declara nula
e inconstitucional la protección social de este tipo de trabajadores, por
entender que lesiona el derecho fundamental a la igualdad (Art.14 Constitución
Española) y que da lugar a discriminaciones por razón de sexo, ya que, según
datos estadísticos oficiales, la mayoría de estos trabajadores son mujeres.
Con esta
nueva reforma, los trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a percibir la
pensión mínima de jubilación si cotizan 7´5 años, la mitad de los 15 años que
exigía la actual regulación. Así pues, si la pensión causada por el trabajador
resultase inferior a la pensión mínima vigente en cada momento, y reúne el
resto de los requisitos exigidos, tendrá derecho a un complemento hasta
alcanzar la cuantía mínima.
Para conocer el período mínimo
de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para acceder a
determinadas prestaciones económicas, se tendrá que aplicar al período regulado
con carácter general el coeficiente global de parcialidad, calculado como el
porcentaje que representa el número de días efectivamente cotizados sobre el
total de días en alta del trabajador.
La reforma no afecta sin embargo a las prestaciones por desempleo de
este tipo de trabajadores que seguirá regulándose por su legislación
específica. Así, a efectos de acreditar el periodo cotizado que condiciona el
nacimiento y duración de la prestación, cada día trabajado se computa como un
día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
Destacar por
último que esta medida será aplicable no solo a partir del 4 de Agosto, fecha
en que entra en vigor el RD-Ley 11/2013, sino también a aquellas prestaciones
de la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor de este Real
Decreto hubieran sido denegadas por no acreditar el periodo mínimo de
cotización exigido y también a las prestaciones cuya solicitud se encuentre en
trámite.
Artículo publicado en el periódico de Betanzos por:
Iria Lodos Gavín, abogada especialista en derecho laboral.
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